Tanto en México como en el mundo, la desigualdad de género ha sido un reto que persiste en la actualidad. Si bien los compromisos e iniciativas internacionales, nacionales y estatales han conseguido algunos avances durante las últimas décadas, como mayores porcentajes de niñas escolarizadas, prohibiciones legales al matrimonio infantil, legislaciones para impulsar que mujeres asuman cargos en puestos públicos, entre otros, diversas dificultades para alcanzar la igualdad, se mantienen.
Las leyes y normas sociales discriminatorias, la infrarrepresentación de mujeres en puestos de liderazgo públicos y privados, la violencia estructural, así como la falta de autonomía sobre sus propios cuerpos, son algunas de las problemáticas que siguen enfrentando millones de mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes en México y el mundo. La contingencia sanitaria por covid-19 ha agravado las desigualdades que enfrentan mujeres y niñas a nivel mundial, poniendo en riesgo los escasos logros alcanzados en materia de igualdad de género.
Como indica el Objetivo 5 de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es una de las bases esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Si bien alcanzar la igualdad de género implica abordar diversas agendas, proponemos impulsar desde el desarrollo local:
En México, las mujeres emplean 25 horas de trabajo semanales en labores domésticas, mientras que los hombres invierten 9.98 horas.
Hacemos un llamado al reconocimiento de la importancia del trabajo doméstico en condiciones de dignidad y de cuidados para el desarrollo social y económico de nuestra sociedad, puesto que éstos se encuentran constantemente invisibilizados al ser percibidos como una obligación natural y exclusiva de las mujeres, adolescentes, niñas y adultas mayores.
La reforma constitucional de 2019 que establece la paridad para los tres Poderes de la Unión y para los tres órdenes de Gobierno.
México ha tenido avances en el ámbito de la participación política de las mujeres con la reforma político-electoral del 2014 que estableció el principio de paridad, la creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, la adopción en 2016 del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, entre otras políticas, programas y reformas.
Una de las principales violaciones de derechos humanos en México es, sin duda alguna, la violencia de género, como la violencia física, psicológica, económica, verbal, simbólica, el acoso sexual y el feminicidio.
Desafortunadamente lejos de disminuir, hoy día enfrentamos un contexto de agudización de la violencia contra las niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, y de género, colocando a México como uno de los países con incremento significativo de feminicidio en América Latina, particularmente en cuanto al feminicidio infantil, que ha aumentado casi un 50% durante los últimos 6 años.
Tomando en cuenta que en el país, las y los jóvenes inician su vida sexual entre los 15 y 19 años, que aún hay una alta tasa de madres adolescentes y que el embarazo en niñas de 10 a 14 años ha ido en aumento en los últimos años.
Es relevante priorizar a esa población al implementar políticas públicas relacionadas con la salud sexual y reproductiva, contemplando siempre un enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad. México, como parte de su compromiso con los ODS, se enfoca en la garantía en el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar y anticoncepción, información y educación, así como la reducción de la mortalidad materna.
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